Un cadáver estuvo cuatro meses en el depósito con el DNI en el bolsillo sin que se avisara a la familia
Pongamos que en el depósito de cadáveres del Hospital Valdecilla hay uno con su DNI en el bolsillo, que lleva allí unos cuatro meses porque nadie lo ha reclamado.
Pongamos que en algún otro rincón de la ciudad hay seis hermanos preguntándose dónde se habrá metido el séptimo que va a hacer cuatro meses que no saben de él. Pongamos que aquel es al que buscan creyéndole vivo, porque nadie les dijo que estaba muerto, que no estaba de «parranda». Pongamos que llega el Gobierno y decide que no puede apreciarse «la existencia de irregularidad o mal funcionamiento del servicio». Pongamos que esto no es broma... y el grito en el cielo.
Si no lo es, se acerca bastante a una de esas clásicas chapuzas donde, al final, el culpable va a ser el chico por morirse sin avisar, porque en junio hará tres años y aquí nadie ha salido para decir «he sido yo».
Cesáreo Barquín Orellana, que este abril hubiera hecho 37 años, desapareció el 12 de junio de 2004. Tres días después apareció muerto en el interior de una habitación de un cuarto piso del número 27 de la calle Vargas, donde una sobredosis de cocaína terminaba con él en presencia de la mujer que aquella madrugada le invitó a su cuarto.
Ese día desfilaron por delante del cadáver todo este reguero de personas: la inquilina del piso, médicos del 061, funcionarios de la Policía Local, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, agentes de la Policía Judicial, unidades de la Policía Científica y el juez, el secretario y el forense del Juzgado de Instrucción Número 1, que ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al depósito de cadáveres, donde llegó plenamente identificado y documentado.
Ajenos al drama, los hermanos de Cesáreo acudieron a la Policía para denunciar su desaparición «pero nos recomendaron que no lo hiciéramos, que esperáramos, que a veces la gente se va voluntariamente y vuelve al poco tiempo, que si le hubiera pasado algo ya nos hubiéramos enterado». Habla Manuel, uno de los hermanos del chico. Lo hace con el respaldo del resto de la familia y asumiendo que, quizá, se equivocaron. Porque los días transcurrían y Cesáreo continuaba sin aparecer. «Y dado que seguía sin dar señales de vida decidimos no esperar más y denunciar por escrito su desaparición».
El 7 de septiembre, es decir, casi tres meses después de la desaparición de Cesáreo y de la aparición de su cadáver, otro de sus hermanos, Rafael, decidió personarse en Comisaría y denunciar por activa lo que ya había denunciado por pasiva. «Cuando presentó la denuncia a mi hermano no le dijeron nada. Ni que estaba vivo, ni que estaba muerto», asegura Manuel, que enseña la orden ministerial en la que se desestima su recurso: «No fue informado de la muerte por la falta un adecuado programa informático», asegura el documento oficial.
Sin embargo, que un familiar de una persona que había sido hallada muerta tres meses atrás denunciara su desaparición no pasó inadvertido en la Comisaría. Sorprendidos, sus responsables decidieron informar al juez y esperar sus instrucciones.
Instrucciones que llegaron a los veinte días. El 27 de septiembre. Esa mañana el panorama era este: El cuerpo de Cesáreo descomponiéndose en el depósito, donde ya llevaba 105 días; los empleados pensando qué hacer con él, la familia buscándole con la creencia de que aún estaba vivo, el juez pidiendo «urgentemente» información sobre la localización de los familiares del fallecido y los responsables de la Comisaría pensando «que estos trámites judiciales estarían cumplimentados».
El «caso Barquín» avanzó hasta octubre. A finales de aquel mes, «un familiar que trabaja en Valdecilla escuchó una conversación entre varias personas que comentaban que no sabían qué iban a hacer con un cadáver que llevaba ahí mucho tiempo sin reclamar». Después, nombraron a Cesáreo. Su primo.
Así es como la familia Barquín se enteró de la muerte de Cesáreo. Cuatro meses después y de pura casualidad: «Un golpe terrible», dice Manuel, que recuerda cuando él, su hermano Rafael y una cuñada de ambos, fueron a Valdecilla para identificar el cadáver. «Todavía no nos hemos recuperado de la impresión». Después de organizar los funerales, Manuel y sus hermanos iniciaron una batalla legal.
La familia se buscó un abogado e inició un expediente de responsabilidad patrimonial de la Administración por funcionamiento anormal de sus servicios contra el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia, que terminó el 26 de diciembre de 2006 con una desestimación de la reclamación porque, concluye, no puede apreciarse «la existencia de irregularidad o mal funcionamiento del servicio».
Y ahora, Manuel y sus cinco hermanos se cuestionan «que desaparezca una persona, que sus familiares se pasen cuatro meses buscándola y que luego se enteren por un allegado que lleva todo ese tiempo en un depósito de cadáveres -identificado- ¿es el funcionamiento normal de la Administración?»
En el apartado cuarto del capítulo de fundamentos, la orden ministerial explica que a efectos de la eventual responsabilidad patrimonial imputable al funcionamiento del servicio policial «hay que tener en cuenta que los funcionarios intervinientes, miembros de la Policía Judicial, obraron en todo momento conforme a las instrucciones del juzgado, limitándose a identificar al fallecido y averiguar las circunstancias de la muerte. La responsabilidad del cadáver, y de su atención por parte de los familiares, no es del servicio policial».
Y en el apartado sexto de ese mismo capítulo de, «fundamentos», la orden ministerial deja claro que el relato de los hechos evidencia que el Juzgado de Instrucción número 1 de Santander «practicó todas las actuaciones legalmente exigidas para la averiguación de las causas de la muerte (de Cesáreo), así como aquellas actuaciones complementarias para localizar el paradero de sus posibles familiares, de conformidad con lo dispuesto en las leyes».
Fuente: ya.com
